Candidatos a diputados jovenes: ¿una buena opción o una estrategia de marketting?
29 de agosto de 2012 19:10 – por Administrador CongresoTransparente
En las últimas semanas se acuñó el apodo “Dipukids” para referirse a los jóvenes candidatos a diputados. Dichas candidaturas han adquirido gran relevancia en los temas actuales de política y es por esto que los ciudadanos debemos discutir acerca de las mismas. Hay muchas interrogantes que debemos responder: ¿Es esta una estrategia de los Partidos Políticos? ¿Son los “Dipukids” una apuesta firme y valedera? ¿Están preparados los jóvenes diputados? ¿Qué debemos exigir de ellos? ¿Se debe de continuar con un Congreso igual o apostar por nuevos políticos jóvenes? idn poker 88
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el Artículo 162 que como requisito para poder optar al cargo de Diputado y para ser electo se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Según el artículo 8 del Código Civil de Gatemala, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad siendo ésta los dieciocho años, por lo que estos jóvenes están listos, de acuerdo a la Carta Magna, al cumplir a cabalidad con los requisitos que establece la misma para poder optar y ocupar un cargo de tal envergadura. Sin embargo, una cosa es que puedan y otra cosa es que estén preparados; entonces, la cuestión no recae en la edad que tienen dichos contendientes sino más importante, si tienen la preparación y capacidad. idn poker
¿Deben los Jóvenes aspirar a una curul?
De acuerdo a la embajadora inglesa, Julie Chappell, en una carta publicada en el diario el Periódico, la edad de los candidatos y políticos ingleses había sido un factor importante para el desempeño de las actividades y cargos públicos; sin embargo, menciona que en las elecciones británicas del año 2010 se presentaron candidatos con edades de menos de 24 años. Menciona la embajadora que “…mientras la experiencia es innegablemente importante, también son las ideas frescas, la energía y los puntos de vista diferentes”. No se refiere a los jóvenes como los de las ideas frescas y la energía, pero deja muy claro que los políticos deben aspirar por mejorar Guatemala sin importar la edad que tengan y solo debiendo observarse sus cualidades, características, entrega y convicción. poker 99
¿Relevo o Chantaje?
Carlos Meza en un artículo publicado por el diario el periódico establece que las candidaturas de los jóvenes son un chantaje por parte de los Partidos Políticos ya que “… al incluir a los jóvenes dentro de la política, les ofrecen, en su mayoría, una casilla en la cual no tienen posibilidades de ganar…”; tratando así de atraer a nuevos simpatizantes, atendiendo a que casi el 70 por ciento de la población son menores de 30 años. Aunado a lo anterior, la columnista Dina Fernández, agrega en una columna de opinión que “… da la impresión que se utiliza a los jóvenes porque están a la mano, porque resulta atractiva su `virginidad´ en medio de la podredumbre y lo peor: porque pueden ser manipulables…”.
Es innegable, como cualquier elemento en una campaña, que los partidos políticos utilizan la figura de los jóvenes como una estrategia de mercadeo e imagen, para de esta forma ganarse la intención de voto de la gran cantidad de población “joven”, que asciende a un 70% de la población votante. Lo que tenemos que tomar en cuenta los ciudadanos no es si están siendo utilizados por ser jóvenes o que si queremos rejuvenecer el Congreso. Como ciudadanos conscientes debemos de tomar en cuenta la capacidad, preparación y aptitud de los aspirantes; su honestidad, compromiso y honorabilidad; y por su puesto, exigir transparencia y trabajo para el beneficio de toda la población.
No cabe duda que los Jóvenes están demostrando su compromiso con la participación activa en la toma de decisiones públicas, pero es claro que se afrontan a una situación sumamente compleja y difícil de manejar por el estado en que se encuentra Guatemala. Los políticos son constantemente tachados de corruptos. ¿Serán estos Jóvenes manipulados? https://www.macaupoker99a.com/
!Y Tú! ¿Qué Crees que es mejor? ¿Consideras que es necesario la experiencia? ¿Qué los Jóvenes están listos para relevar a los “”
¿Cómo elegir mejores diputados y qué esperas de ellos?
29 de agosto de 2012 19:08 – por Administrador CongresoTransparente
En los últimos tres años y medio del período legislativo en el Congreso de la República se ha podido observar cómo los diputados que elegimos se han desempeñado en sus funciones. A lo largo de estos tres años y medio los diputados han participado en actividades legislativas y fiscalizadoras que pueden calificarse como buenas; sin dejar de mencionar que existen muchas críticas en cuanto al trabajo realizado.
Para poder determinar y calificar el trabajo realizado por los diputados, debemos mencionar algunos sucesos que tuvieron un gran impacto dentro del Organismo Legislativo. Durante el presente período legislativo resaltan las siguientes noticias: la pérdida millonaria en una inversión por 82 millones de quetzales que realizó el Congreso a MDF y no se logró recuperar; el Diputado sindicado por asesinato; otros diputados que han sido señalados de hechos ilícitos y Diputados que entrampan la agenda legislativa. Sin embargo, también se han aprobado leyes que pretenden fortalecer las instituciones guatemaltecas como la ley de comisiones de postulación y la del tablero electrónico, se han fiscalizado algunos programas de Gobierno como cohesión social, la compra de armas, entre otros.
En conclusión, contamos con un Organismo Legislativo compuesto por muchos diputados que no conocemos, que no sabemos que hacen y que no comunican a sus representados el trabajo que se realizó y el que está por realizarse. Es en el Congreso donde debiera encontrarse la mayor representatividad, sin embargo, podemos afirmar que “nuestros” diputados son desconocidos para muchos de nosotros. Es solamente por las noticias nacionales, como único medio de comunicación, que podemos extraer conclusiones de los legisladores y llegar a pensar que tenemos muy pocos excelentes diputados, otros que dejan mucho que desear y otra gran mayoría que no sabemos qué ha hecho, qué hace y qué pretende hacer habiendo, a pesar de haber desempeñado más de un período dentro del organismo legislativo.
En el próximo período legislativo se tomarán decisiones y se harán implementaciones muy importantes de interés de todos los Guatemaltecos. Los próximos diputados decidirán acerca de las reformas a la Constitución, del próximo pacto fiscal, de la ley de enriquecimiento ilícito, entre otras, y es por esto que es necesario emitir un voto razonado e informado.
Como ciudadanos debemos conocer las funciones y obligaciones que tienen los Diputados. ¿Cómo podemos elegir a mejores diputados? ¿Cómo podemos influir en el cambio de nuestra Guatemala? Debemos informarnos y contribuir eligiendo al Congreso de la República a las personas más capaces, honestas e idóneas.
¿Cómo hacer para tener un mejor Congreso?
Primero, conocer sus funciones para saber qué exigirles. Las funciones de los diputados se pueden resumir en tres: 1) fiscalizar; 2) aprobar leyes –lo cual incluye aprobar el presupuesto anual-; y 3) nombrar a algunos funcionarios estatales importantes como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador de los Derechos Humanos, los Magistrados de las Salas de Apelaciones, el Contralor General de Cuentas, el Fiscal General, entre otros.
Segundo, saber cómo es que se eligen. Ya que aún no podemos votar nominalmente por los candidatos que nos parezcan mejor, tenemos que votar por el listado nacional y el distrito electoral que pertenecemos. Esto significa que no solamente votamos por la primera persona que aparece en esa casilla sino por todos los que están en dicho listado y es por eso tan importante que te informes quiénes ocupan todas las casillas de cada listado.
¿Qué esperas de tus próximos diputados?
Ya que ya sabes que las tres funciones principales de los diputados son fiscalizar, legislar y elegir funcionarios importantes. ¿Qué perfil deseas que tengan tus próximos diputados?
Hay varios partidos políticos que han seleccionado a jóvenes para que ocupen las casillas de los listados de candidatos a diputados. ¿Qué piensas de esto? ¿Serán buenos diputados solamente por ser jóvenes o la mejor combinación es que sean jóvenes y preparados?
Por otra parte, de los 158 diputados, 95 buscan la reelección. ¿Estarías dispuesto a tener casi un mismo congreso que el que tenemos hoy?
¿Qué esperas de ellos? ¿Qué leyes quisieras que impulsaran? ¿Qué leyes quisieras que descartaran? ¿Qué programas quisier as que fiscalizaran? ¡EXPRÉSATE Y COMENTA EN ESTE FORO!
Ley Constitutiva del Consejo Económico Social
29 de agosto de 2012 18:52 – por Administrador CongresoTransparente
Introducción al primer análisis
Uno de los objetivos de CongresoTransparente.org es promover la discusión y el análisis serio de las iniciativas de ley más importantes que han sido presentadas en el Congreso de la República. Para esto, por parte de los voluntarios de CongresoTransparente.org se realizará un análisis con una metodología específica detallada más adelante de las iniciativas de ley más importantes. Éste análisis es únicamente un punto de vista que pretende incentivar la discusión de determinada iniciativa. Creemos firmemente que en la Guatemala pluralista en que vivimos, en donde existen muchas diferencias de opinión, únicamente lograremos la paz promoviendo la discusión abierta de las políticas públicas más importantes que se pretenden aplicar en Guatemala. Debido a esto CongresoTransparente.org nace en una plataforma wiki que le permitirá a cualquier persona participar en los distintos foros y análisis para que así estos se alimenten de información descentralizada y sean más participativos.
La metodología que se utilizará para realizar los análisis de los voluntarios de CT.org es el Análisis Económico del Derecho y el Public Choice Theory ya que estos permiten mostrar los efectos de la promulgación de una ley que va más allá de los que el legislador tuvo en cuenta al redactarla.
La promulgación de las leyes generan incentivos o desincentivos a sus destinatarios para adecuar a ella su conducta por lo que al promulgar una ley automáticamente se altera la situación que el legislador vio al momento de proyectar la iniciativa de ley. Además de esto las leyes suelen generar redistribución de recursos (del contribuyente a algún sector en específico de la sociedad), incrementos en el presupuesto público (con un consecuente impacto tributario), pueden incentivar o desincentivar el desarrollo de ciertas actividades y hasta generar incentivos para prácticas criminales, desleales o corrupción gubernamental.
Al no ser indiferentes las consecuencias que la promulgación de las leyes se hace necesario un estudio previo a la promulgación de las mismas para evaluar los incentivos, desincentivos y costos que estas generarán. Para realizar este análisis se utiliza como base una serie de preguntas que permiten de una manera fácil y concreta determinar los costos, efectos, incentivos y desincentivos que una ley pudiera generar. Las Checklisten o listas de chequeo para evaluar los proyectos legislativos comenzaron a ser utilizadas en Hamburgo en 1975, y posteriormente se utilizaron en otras partes de Alemania. Hoy se utilizan en Estados Unidos, Suiza, Italia y Noruega. Las preguntas que se utilizan se basan en preguntas utilizadas en Argentina para análisis legislativo. idnpoker
Iniciativa de ley número 4363
Título: Ley Constitutiva del Consejo Económico y Social
- ¿Cuál es el propósito de la norma?
De acuerdo al artículo 1 la ley se propone crear “el Consejo Económico y Social de Guatemala que en esta ley se denomina el “Consejo”. Constituye un órgano consultivo del Estado ya que sus decisiones no son vinculantes. El Consejo es una institución permanente de Derecho Público con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propio, goza de autonomía para el cumplimiento de sus fines y se rige por la presente ley”. Se regirá por la Ley Orgánica del Consejo Económico Social de Guatemala. Se propone:
a. Mantener un diálogo entre sectores productivos para la implementación de ciertas políticas públicas.
b. Propiciar que las opiniones del consejo se conviertan en políticas públicas en materias económicas y sociales.
c. Propiciar que las políticas que propone el Consejo sean de naturaleza permanente.
d. Propiciar que las políticas de cooperación internacional se alineen con las nacionales.
- ¿Existe otra legislación al respecto?
No. - ¿Qué otra legislación se vería afectada por la nueva norma?
No afecta a ninguna otra ley. - ¿Considera que el propósito buscado se podría alcanzar –en lugar de a través de una ley ordinaria-, por alguno de los siguientes mecanismos?
a) acuerdo gubernativo.
b) un reglamento.
d) una decisión judicial
e) un acuerdo entre privados.
- ¿Los efectos de la norma son generales o particulares?
a) Generales. La norma tiene por destinataria a toda la población en forma indiscriminada.
b) Particulares. La ley afectaría, en forma positiva o negativa, a uno o varios sectores sociales.
c) Particulares. La ley afectaría, simultáneamente, en forma positiva a determinados sectores y en forma negativa a otros.
Si su respuesta es b) o c), indique cuáles serían los sectores afectados por la norma y de qué modo. Afectaría de forma positiva a los sectores representados en el Consejo Económico Social (Empresarios agremiados en CACIF y empleados agremiados en sindicatos) y en forma negativa al resto de la población pero específicamente a los empresarios no agremiados, a los trabajadores no sindicalizados y en mayor medida a los desempleados porque los incentivos están dados que los sindicatos que impulsen reformas que protejan a los que ya se encuentran trabajando.
- ¿La ejecución de la norma tiene un costo monetario directo?
Sí. - Si respondió afirmativamente, ¿se ha determinado el costo total que la implementación de la norma exigiría?
No Por favor especifique. No se determina el monto total porque es un monto variable y el artículo 22 establece que será financiado con fondos del Presupuesto Nacional, como una obligación permanente a cargo del Estado y además puede recibir donaciones nacionales e internacionales. El artículo 35 establece que el gobierno central realizará una transferencia monetaria para asegurar que las actividades básicas para el funcionamiento del Consejo se puedan realizar. - ¿Prevé la norma cómo se financiará su ejecución?
Sí, en cuanto al origen de los fondos. Estos provendrán del Presupuesto de Guatemala y de donaciones. - En caso que exista un costo monetario directo para la implementación de la ley, especifique cuál será el impacto para:
a) Las rentas generales. N/A b) Sectores determinados de la sociedad. - Ud. considera que en esta norma…
a) los costos y los beneficios se distribuyen de manera pareja para el conjunto de la comunidad.
b) los costos son soportados por un sector en beneficio directo de otro.
c) los costos son soportados por la comunidad y los beneficios aprovechados por uno o varios sectores.
d) los costos son soportados por uno o varios sectores sociales y los beneficios aprovechados por toda la comunidad.
e) Los costos y los beneficios impactan sobre un mismo sector o sectores.
Fundamente su respuesta.
Los costos salen del Presupuesto Nacional por lo que los costos son soportados por la comunidad pero los gestores de esos fondos y los miembros del Consejo que ejercen un beneficio directo de la norma son un sector bastante reducido. Los incentivos están dados para que beneficie a los sectores que conforman el Consejo Económico Social, así como se indicó en la respuesta 5.
- ¿Qué incentivos considera que la norma podrá generar a corto, mediano y largo plazo?
Corto plazo: se crea un incentivo para agremiarse en sindicatos y en el CACIF, para poder ser parte e influir en las decisiones del Consejo.
Mediano y largo plazo: a) Incentivo a “acaparar“ el Consejo, es decir que los grupos de interés seleccionen directamente a los eventuales miembros del consejo;
b) la minoría organizada desplaza en perjuicio de la mayoría desorganizada;
c) Se marginará más al sector informal.
Largo plazo: es probable que se de cabildeo con los consejeros para que las opiniones sean favorables a los intereses de un sector determinado. El Artículo 29 permite que el consejo emita asesorías respecto de ciertos sectores productivos, con lo cual el cabildeo va a buscar que existan beneficios personales y no generales o de “interés nacional”.
Largo Plazo: Incentivo a malgastar los fondos del presupuesto. Esto porque no hay parámetros objetivos para fijar el presupuesto y dada a la naturaleza del consejo, se podrá malgastar sin ninguna fiscalización (no hay preocupación por el gasto). La redacción del artículo 12, inciso, “e”, por una parte, establece que el Consejo elaborará su propio presupuesto, y el artículo 22 establece que “será financiado con fondos del Presupuesto Nacional “como una obligación permanente a cargo del Estado”, con lo cual no queda clara si la obligación del Congreso es únicamente asignar una partida presupuestaria o si la obligación es asignar el presupuesto que para el efecto elabore el Consejo, con lo cual habría un incentivo a incrementar el gasto y a requerir presupuestos altos.
- ¿Qué desincentivos considera que la norma podrá fomentar a corto, mediano y largo plazo?
— - ¿Cuál considera usted que es la relación entre los costos monetarios y no monetarios1 que implique la aplicación de la ley, y los beneficios esperados, en el corto, mediano y largo plazo?
Los costos monetarios serán el monto que el presupuesto le asigne. Ver artículos: 12 literal “e”, 22 y 35 y la respuesta de la pregunta anterior.
Los beneficios esperados serán, de acuerdo a la ley en cuestión y al objetivo que se traza (Art. 3) la constitución de “un órgano consultivo permanente de los organismos del Estado”, con lo cual los beneficios esperados los constituyen las opiniones consultivas que emita el consejo y el “diálogo” que esto promovería. Tomando en consideración los costos monetarios (que cuyo monto es indeterminado como se hizo ver) y los supuestos beneficios esperados, consideramos que el costo podría llegar a ser demasiado alto para el beneficio esperado.
- Si evaluara la eficiencia de la norma como su aptitud para alcanzar plenamente los objetivos propuestos con el menor costo monetario y no monetario posible, tanto para los contribuyentes como para todos los sectores sociales involucrados, calificaría a la norma como:
a) Muy eficiente
b) Eficiente
c) Poco eficiente
d) Ineficiente
Por favor, fundamente su respuesta.
- Como se hizo notar en la pregunta anterior, los costos monetarios son muy superiores a los beneficios esperados.
- Bajo ningún supuesto, el objetivo de la norma que constituye convertirse en una plataforma de “diálogo social” y de formación de opinión, requiere indispensablemente la creación de una norma que i) implica erogación de recursos y ii) que crea los incentivos negativos que se hicieron notar en la pregunta 11 de este formulario.
- Concretamente, hay muchísimas otras formas de promover los objetivos que se propone esta norma. Existen otras plataformas y que no implican una erogación de recursos de parte del Estado.
- Por último, la afirmación que el Consejo se conforma en atención a su “representatividad” resulta ser poco acertada, toda vez que según datos, 5 de cada 8 guatemaltecos trabaja en el sector informal, el cual, como es notorio, no está representado en este Consejo.
Fecha: 29 de Junio de 2011.
Autores: Edgar Ortiz, Ricardo Rivera, Sara Larios, Jorge Luis Rodas y Jorge Gabriel Jiménez, voluntarios de CongresoTransparente.org
1 Entendemos por “costo monetario” la erogación directa de dinero y por “costo no monetario” a otros costos que podrían afectar la productividad pero que no suponen una erogación directa de dinero.
Comparación entre la Ley española y ley guatemalteca que crea el Consejo Económico Social
- Competencia: El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo únicamente en materia socioeconómica y laboral (Art. 1.2). He aquí la primera gran diferencia entre el Consejo Económico y Social español y el guatemalteco, ya que el Guatemalteco tiene amplias facultades como órgano consultivo en cualquier política pública. El CES español sí puede conocer propuestas que tengan relación con asuntos particulares de los sectores que lo integran, a diferencia del guatemalteco.
- Autonomía: El CES español se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Art. 1.3.), a diferencia del CES guatemalteco que es un ente autónomo.
- Integrantes: El CES español está integrado por 61 miembros, del cual un tercio pertenece a las organizaciones sindicales, un tercio a las organizaciones empresariales y en el último tercio se encuentran representados el sector agrario, el sector marítimo-pesquero, los consumidores y usuarios, la economía-social y otros expertos propuestos por el Ministerio de Economía y Trabajo (Art. 2).
Comparación entre la Ley chilena y ley guatemalteca que crea el Consejo Económico Social
- Objetivo: El objetivo del CES chileno es asesorar al Gobernador provincial en materias exclusivamente administrativas.
- Integración: El CES chileno está integrado por 24 miembros, de los cuales un tercio lo conforman las organizaciones sindicales (laborales), un tercio las asociaciones empresariales y productivas y en el último tercio están representadas las organizaciones culturales, profesionales, educativas y científicas.
La República ultrajada y el Congreso de Guatemala
21 de enero de 2013 19:33 – por Philip Chicola
En su diseño institucional el Estado de Guatemala es una República democrática, tal y como se recoge en el artículo 140 de la Constitución. La teoría republicana clásica, sustentada en los escritos de Nicholas Maquiavelo, James Harrison, los padres fundadores de Estados Unidos y Alexis de Tocqueville, identifican como cuatro características centrales de dicho sistema: la separación de poderes, el Imperio de la Ley, la virtud cívica y el principio contra-mayoritario.
No obstante, en Guatemala, dichos principios son vilipendiados día a día. En el caso de la separación de poderes, no es un secreto que todo partido de Gobierno direcciona la conducción legislativa desde Casa Presidencial. Durante los últimos veinte años, la agenda legislativa, la formulación de pactos políticos y la estrategia en el Congreso son diseñadas y coordinadas por el Presidente y sus operadores del Ejecutivo. Lo mismo ocurre con el sistema judicial. Gobierno a gobierno las negociaciones con operadores del gremio de juristas, como Roberto López Villatoro, el rey del tenis, con el fin de influir en la conformación de la Corte Suprema o la Corte de Constitucional, son corridos del conocimiento de muchos. Y sin olvidar las constantes intenciones de parte del poder político de cooptar las instituciones autónomas del Estado. Hoy en día, uno de los conflictos latentes orbita entorno a la decisión del Ejecutivo de sustituir al Presidente del IGSS. Anteriormente, el mismo tipo de conflicto giró en torno a la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, el Ministerio Público y el RENAP.
Lo mismo sucede con el Estado de Derecho, concepto que se ha convertido en una fantasía surrealista. Guatemala vive bajo un imperio de hombres y no de leyes, donde la partidocracia cogobierna de la mano con los financistas de campaña y el crimen organizado. La sujeción del poder público a una ley superior es una idea inexistente en nuestro sistema. La impunidad rampante de figuras que otrora ejercieron el poder político, como el ex-fiscal Carlos de León Argueta, los implicados en el caso MDF, o el sinfín de casos de corrupción durante el Gobierno de la UNE, evidencian que la ley no aplica para quienes ostentan cargos de autoridad.
Pero lo que más sorprende, es la decadencia de la virtud ciudadana. Con la apertura democrática, la sociedad guatemalteca demostró una avidez por ejercer el civismo, denunciar las arbitrariedades del poder público y participar en los procesos de toma de decisión. Las jornadas cívicas de mayo de 1993, y la unidad ciudadana para frustrar autogolpe de Jorge Serrano, marcaron sin duda, el punto álgido de dicho proceso. Sin embargo, en las últimas dos décadas, el civismo se ha transformado en apatía, y hoy, el desinterés ciudadano permite que la institucionalidad del Estado sea linchada día a día ante sus ojos.
Hoy en día, el caso paradigmático es la crisis política que mancha al Congreso de la República. La decisión del Presidente Otto Pérez Molina de no presentar su informe de primer año ante el pleno, mientras llevaba a cabo su propia puesta en escena en el Palacio Nacional, constituyó un atropello a la tradición republicana. El accionar del Ejecutivo violentó la separación y los frenos y contrapesos entre poderes del Estado; pero también violentó el espíritu constitucional, que en la teoría, sustenta la construcción del Estado de Derecho.
No olvidemos que entre los poderes del Estado, el Organismo Legislativo tiene una calidad de primmus inter pares. La misma Constitución le otorga cierta primacía respecto a sus pares institucionales. Por ejemplo, el Congreso de la República toma posesión con antelación al Ejecutivo y es el poder legislativo quien juramenta e inviste al mandatario. Este simbolismo pone en evidencia que la autoridad del Congreso es anterior al Presidente. Y si a esto agregamos que el Parlamento constituye el representante de la pluralidad social y el depositario de la soberanía popular, su cualidad como primero entre iguales queda fortalecida. Es por ello que la Constitución manda al Presidente a presentar su informe ante el Legislativo, y no ante sus propios funcionarios.
No obstante, si la irracionalidad electoral nos llevó a elegir decenas de diputados que menosprecian la institucionalidad, que lucran del poder público y que han convertido al Congreso en la mayor manifestación de la degradación de nuestra sociedad política, esta no es justificación para violentar los principios republicanos que sustentan la construcción de nuestro Estado. Si en el Congreso, una mayoría de mercaderes y analfabetos de la política imperan sobre unos pocos ciudadanos virtuosos o bien intencionados, esta no es justificación para que el Presidente Pérez Molina burle el espíritu republicano y constitucional de rendir cuentas ante otro poder del Estado.
Lo mismo sucede con las interpelaciones. En la mayoría de repúblicas, los juicios políticos a mandatarios y ministros constituyen uno de los mecanismos de control y balance institucional de parte del Legislativo hacia el Ejecutivo. Si en el caso de Guatemala, Líder y anteriores partidos de oposición (como el mismo Patriota o la UNE) han convertido dicho procedimiento en un espectáculo cirquense dirigido a bloquear la agenda o chantajear al gobierno de turno a cambio de plazas, esta no es justificación para limitar los procesos de control, frenos y contrapesos. Hoy, tristemente, la partidocracia y algunas expresiones de la ciudadanía se han pronunciado a favor de limitar el recurso de la interpelación, sin reparar en el daño que esto generaría sobre la institucionalidad republicana.
No olvidemos que la lógica del autoritarismo populista se basa en argumentos que vilipendian y ultrajan los principios republicanos. En nombre de la voluntad de las mayorías, como ese 70% de la población que hoy apoya al Presidente Pérez, decenas de Gobiernos alrededor del mundo han optado por modificar constituciones, reducir o limitar los mecanismos de control, concentrar el poder del Ejecutivo, y en último caso, violentar e invadir derechos y libertades ciudadanas. Muchas de las dictaduras más sangrientas y nefastas del siglo XX surgieron cuando en nombre de las mayorías, se violentaron los principios de la República.
Hoy, Guatemala vive esta amenaza. Amparado en la opinión generalizada sobre la decadencia del Congreso, del régimen de partidos políticos, el transfuguismo, la supuesta compra de diputados por parte de Líder y la supuesta compra de votos por parte del oficialismo, algunas voces ‘mayoritarias’ empiezan a demandar la depuración del Congreso o la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que permita de forma semi-legal, disolver al Legislativo.
La capacidad del sistema de limitar las pasiones de las mayorías desenfrenadas es lo que Alexis de Tocqueville denominó el “principio contra-mayoritario”, la última de las cuatro características de una República. Ante el fracaso de la separación de poderes, del Estado de Derecho y del civismo ciudadano, dicho principio constituye el último hilo que mantiene unido al sistema. Respetar la institucionalidad del Legislativo y su importancia en el ordenamiento institucional es lo único que nos queda ante la violación sistemática a la República.
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